El Conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet; la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz; el vicepresidente de Movilidad y Transporte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, y el diputado delegado de Espacios Naturales y Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona, Valentí Junyent, estuvieron en este encuentro celebrado en el Palau de Pedralbes.
El acto cerró con la una nueva declaración conjunta, como ocurrió ya en 2017. Con este documento viene a reforzar el anterior tras ver los positivos frutos que dieron las medidas acordadas entonces para mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos del àrea metropolitana de Barcelona.
Nuevas medidas
El 1 de enero de 2020 quedará definitivamente implantada la Zona de Bajas Emisiones intrarondas de Barcelona que, junto con otras medidas complementarias, debe ayudar a reducir los niveles de óxidos de nitrógeno. Uno de los puntos acordados durante la segunda Cumbre ha sido el de presentar un proyecto de ley de calidad del aire en el plazo de un año, que establecerá los criterios comunes de la definición de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). En estas zonas se quiere habilitar e implementar el Registro metropolitano de vehículos extranjeros y otros vehículos autorizados para hacer efectivo el control automatizado de las restricciones de circulación en el horizonte 2020. Las restricciones han de comportar también el refuerzo del transporte público, la ampliación de aparcamientos de enlace y la instalación de señalización de aproximación a las ZBE y derivación hacia los aparcamientos.
La declaración, además, contempla realizar cambios en la gestión de la velocidad en determinadas vías interurbanas, como limitar la velocidad máxima de circulación a 50 km/h en la carretera C-17 a su paso por Barcelona, y estudiar si es necesario implantar el límite en otras carreteras. También se analizará la viabilidad de limitar la velocidad en diferentes tramos de vías interurbanas del Ámbito 40, como la AP-7, la A-2 y la B-23, en el Baix Llobregat, y la AP-7 , la C-17, la C-58 y la C-33, en el Vallès Oriental.
Respecto de la gestión del tráfico en las carreteras, se quieren establecer varios carriles bus. El primero, de 15 kilómetros, será en la C-245, entre Castelldefels y Cornellà, que debe quedar terminado en el año 2020. También se impulsarán los trabajos para poder licitar las obras de los carriles bus de acceso a la capital catalana desde diversas vías: C-31-Nord (Sant Adriá-Tiana); B-23 (Barcelona-Molins de Rei); C-31-Sud (Mas Blau -El Prat de Llobregat-Plaça España); y C-31-C (conexión C-31 / C-245 / C-32).
En cuanto a las vías de altas prestaciones y su financiación, se estudiará la implantación de un posible peaje de congestión y la bonificación a vehículos de bajas emisiones por parte de las autoridades locales, que sea compatible con el modelo global planteado para toda Cataluña.
Y en referencia a la ambientalización de flotas, se reforzarán las subvenciones para la renovación del parque de vehículos, especialmente con respecto a los de distribución urbana de mercancías.
Peticiones al Estado
Las instituciones participantes reclaman al Estado que se implique en este ámbito. Hay, por ejemplo, una regulación de distintivos ambientales; una revisión del etiquetado para ajustar los niveles de contaminación de cada vehículo; descuentos en autopistas para VAO y ECO en los peajes de competencia estatal, o una transferencia real del transporte de mercancías por carretera hacia el transporte ferroviario. Aún así, consideran "imprescindible" un incremento de la aportación a la Autoritat del Transport Metropolità (ATM); el traspaso de la B-23 y de una partida presupuestaria para habilitar el carril bus, o la ejecución de las inversiones pendientes de ADIF.
Por otra parte, también creen "necesaria" la revisión del impuesto sobre carburantes para no favorecer la compra de vehículos diesel, y la del impuesto de matriculación para incentivar la compra de vehículos menos contaminantes; mientras que, por otra parte, piden que se establezca durante cinco años un IVA superreducido del 4% en la adquisición de vehículos eléctricos. Finalmente, reclaman la creación de un Área de Control de Emisiones (ECA) en el Mediterráneo y de un fondo estatal para financiar los planes autonómicos y municipales.
