Sobre las principales novedades que traerá la Ley de Contratos del Sector Público y cómo afectará al sector del transporte habló Enrique Sánchez Fernández, Director Jurídico Corporativo del Grupo Avanza, quien indicaba que “hay que destacar en la introducción en esta nueva ley, la obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, así como la introducción de una serie de condiciones especiales de ejecución de índole medioambiental y o social”.
Cláusulas sociales en la nueva Ley de Contratos del Sector Público
Begoña Fernández Ruiz, Directora General de Contratación y Servicios, Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid afirmaba que “la transparencia y la integridad pasa a ser más importante que la calidad y el precio con esta nueva ley de contratos del transporte público, así como pasa a tenerse en cuenta a las pymes a las empresas de economía social, se trata de poner en marcha a través de la administración de contratación políticas transversales públicas”.
“Esta ley también incluye como novedad el término de proximidad del contratista de manera territorial. En definitiva pasan a ser muy importante a la hora de la contratación los aspectos cualitativos como la igualdad en la empresa, que antes no se tenía tan en cuenta, el concepto de comercio justo, a pesar de no tener relación directa con el contrato, de igual modo, pasa a tener importancia”
El precio de los contratos y su revisión
Antonio Durán-Sindreu, Socio Director Durán-Sindreu, y Eduardo Graciá Asociado área fiscal Durán-Sindreu, hicieron referencia a cómo afectará a las tarifas. “La revisión del precio del contrato es la gran novedad en la nueva ley, esta revisión sólo podría realizarse entre el año 2 y el año 7, y se estipulan tres tipos de revisiones. El panorama es oscuro y sombrío para el concesionario, desde mi punto de vista surgirán problemas sobre todo en torno a la revisión de precios, puede que lleguen a revisarse de manera encubierta”, decía Eduardo Gracià.
Visión práctica de la LCSP
En una mesa redonda, en la que el moderador fue Francisco Félix González, Abogado – Ex responsable de contratación EMT Madrid, se habló sobre los problemas que plantea al sector y sus posibles soluciones.
Francisco Félix González, Abogado – Ex responsable de contratación EMT Madrid, apuntaba: “Hay cosas que no se entienden bien, imponen demasiadas obligaciones, los poderes adjudicadores no tienen instrucciones, existiendo entonces una total libertad”.
Intervinieron también Raúl Carretón, Jefe de la Asesoría Jurídica de Metro Bilbao, y Nuria Miranda, Directora de la Asesoría Jurídica de TMB, quien apuntaba que había muchos flecos en esta ley: “¿Qué las modificaciones no sean sustanciales?, aquí la ley hace aguas. No aclara nada y cada uno lo puede interpretar a su modo”.
Eduardo Graciá, Asociado área fiscal Durán-Sindreu, afirmaba que “con indiferencia de contrato de concesión o de servicio, la subvención de aportación no debería alterar el tratamiento de la subida del IVA”
José Luis Arístegui, Director General de Vortal, apuntaba: “Hay una gran falta de coordinación en materia de contratación electrónica, en España aún no se tiene un buen servicio en este aspecto, cosa que no pasa en algunos países de Europa que lo tienen implantado desde hace ya un tiempo. A pesar de movernos hacía una contratación electrónica, que minimizará la corrupción, esta no va a desaparecer, la corrupción aparece antes de que una plataforma electrónica pueda regístratelo o detectarlo y frenarlo”.
Estas y otras ideas se intercambiaron en la jornada, que quiso arrojar luz sobre las muchas sombras que planean sobre esta ley.
