El CMTC muestra preocupación por el “oscuro panorama” ya que esta nueva regulación “impone dificultades para poder cumplir las demandas de servicios de transporte de personas, de distribución y abastecimiento”.
Advierten de que “es muy posible que desaparezcan muchas empresas del sector ante la imposibilidad de seguir realizando nuestra actividad en las condiciones que se nos plantea”. En cuanto al transporte de mercancías, “es muy probable que en un corto plazo de tiempo la ciudad tenga problemas de abastecimiento”, y en cuanto a viajeros “el sector turístico se puede ver gravemente afectado”, anticipan.
Un último esfuerzo para ser escuchados
Los representantes del transporte madrileño han mantenido durante los últimos meses encuentros con los responsables del Ayuntamiento pero lamentan que no se les haya escuchado: “Sólo se han admitido un diez por ciento de nuestras propuestas”. “En ningún momento se ha apreciado voluntad negociadora por parte de los representantes del consistorio municipal. Han optado por la vía de la imposición”, lamentan.
Ante esta situación el CMTC en los próximos días mantendrá carácter urgente con los representantes de los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento a fin de que las propuestas del sector puedan incluirse como enmiendas al proyecto normativo de movilidad.
“La ordenanza expulsa al servicio de transporte de la zona central, a pesar de tratarse de un servicio básico, esencial y de carácter público para la sociedad, que puede llegar a provocar serias dificultades de movilidad para los ciudadanos y problemas de abastecimiento a comercios, hostelería y particulares”.
Si finalmente el texto no sufre modificaciones, desde el Comité Madrileño de Transporte por Carretera estiman que las empresas de mercancías y pasajeros se verían obligadas renovar un 90% de su flota. Si finalmente el texto no sufre modificaciones, desde el Comité Madrileño de Transporte por Carretera estiman que las empresas de mercancías y pasajeros se verían obligadas renovar un 90% de su flota, “lo que puede generar un coste económico de 1.300 millones de euros por trabajo directo”.
