Como consecuencia de este análisis y ante los evidentes desajustes entre la regulación vigente, con legislación que acumula varias décadas de antigüedad y la realidad actual, la Fundación Corell ha decidido elaborar la jornada de “Bases para la nueva ley general de movilidad sostenible y financiación del transporte terrestre”.
Miguel Ángel Ochoa, Presidente del Patronato de la Fundación Corell, dio la bienvenida al encuentro en el que se habló sobre la nueva ley de movilidad que sustituirá a la normativa que ha servido de marco durante más de 30 años. La nueva ley debe afrontar nuevos retos y cambios constantes, que se producen mucho más rápido que los que se producían anteriormente, debido al desarrollo tecnológico y también ahora a la aparición en escena de la pandemia.
Ignacio López Cano, Presidente de la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, abrió el encuentro indicando que cuando salvamos el medio ambiente, “en realidad no estamos salvando al planeta, que seguirá girando alrededor del sol, sino a la especie humana en realidad.” Se refirió a la nueva movilidad que se plasmará en esta ley como una alternativa real al coche que impulsará una sociedad sostenible.
Alberto Dorrego, Abogado Socio de Eversheds Sutherland, presentó las propuestas del grupo de expertos de la Fundación Corell (en el que se encuentra el colaborador de la revista Viajeros y abogado experto en transporte, Francisco Sánchez-Gamborino) para sentar las Bases de la nueva Ley de Movilidad Sostenible.
Una cuestión importante es la gobernanza de esa movilidad del futuro. Adolfo Menéndez, Abogado del estado y miembro de ONTIER ESPAÑA, habló sobre la gobernanza compartida entre los estados y las empresas, ONG y los propios ciudadanos con la necesidad de una entidad regulatoria independiente para poder hacer frente a los nuevos retos en una sociedad en la que ya no sólo valen los acuerdos entre los gobiernos de diferentes países. Indicó que la colaboración público-privada cobrará ahora más sentido que nunca porque ningún estado podrá gestionar sin ayuda todos los nuevos frentes que se abren.
Luis Miguel Martínez Palencia, Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, se refirió al trabajo realizado por la Comunidad de Madrid desde hace 35 años ya para precisamente tratar la movilidad de la región con el concepto de conurbación teniendo en cuenta incluso a otras provincias limítrofes en sus abonos multimodales de transporte. El COVID ha afectado las cifras de movilidad pero traerá también cambios que llegan para quedarse como el teletrabajo o el comercio electrónico, el aumento de la movilidad a pie y las compras de proximidad en el barrio en lugar de los centros urbanos.
Mª Luisa Corrales Vázquez, Secretaria General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, habló sobre las iniciativas y ayudas para la movilidad sostenible puestas en marcha en su Comunidad Autónoma, entre ellas los piloto de transporte a la demanda en Badajoz y Cáceres para contrarrestar la gran dispersión geográfica de la región. Señaló que hay que revisar los fondos y la financiación para la prestación de los servicios de transporte urbano, en especial en zonas con problemas de despoblación.
Sobre regulación e innovación hubo otra mesa. Miguel Marín, Economista Socio-Director de Análisis Económico Integral, indicó que es necesaria una transformación profunda del sector y su regulación.
Ángeles Marín, Directora de la Oficina de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, reafirmó esta idea de necesidad de una nueva regulación para el nuevo ecosistema de la movilidad en la que además de los criterios medioambientales y tecnológicos se presentan nuevos agentes de movilidad y también oportunidades de nuevos negocios, como el vehículo autónomo o lo drones. “Vivimos un momento de máxima efervescencia”, decía. Por ello pedía más colaboración y participación del sector privado porque “las administraciones solas no podremos afrontar estos retos y tendremos que ir todos de la mano”, afirmó. Señalaba también que la regulación tendrá que dar un marco de seguridad pero no ser un freno para la innovación de las empresas, sin dejar de pensar en los derechos de los ciudadanos y la protección de sus datos. Big Data será imprescindible para que las administraciones planifiquen la movilidad.
Jorge García López, Viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio del Principado de Asturias, se refirió a la transversalidad de la nueva ley de movilidad sostenible. En 2018 Asturias presentó su Ley de Movilidad en la que se recoge la dispersión de la población, el modo de urbanizar o el desarrollo de la distribución de mercancías. Afirma que la financiación será fundamental para potenciar los transportes públicos. CTA quería ser la primera entidad MaaS de España cuando llegó la pandemia.
Ignacio Maestro, Director General de Movilidad de la Consejería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, también se refirió al problema de la dispersión de la población y la reforma de sus sistema concesional que ha incluido entre otras cuestiones, el uso compartido del transporte regular y escolar.
Hubo también una mesa sobre neutralidad fiscal en la que participaron Pedro González-Gaggero, Socio de E&Y – Representante de ASTIC (pendiente confirmación), que habló sobre las diferentes medidas fiscales aplicadas al transporte y las que pueden venir para grabar algunos tipos de propulsiones como gasoil y gasolina, así como figuras que penalizan el tráfico, los accesos a las ciudades, el aparcamiento o los peajes a cierto tipo de vehículos; así como representantes de ASTIC, ANET y Francisco Sánchez Gamborino, Abogado experto en transporte, centrando su ponencia en movilidad de mercancías.
En cuanto a la cuestión de la financiación, Dionisio González, UITP Director – Advocacy & Outreach, aseguraba que esta crisis también es una oportunidad de rediseño en un mundo en el que la demanda de transporte público no será igual que antes de la pandemia y se calcula que alcanzará solo el 85% de las cifras anteriores. Afirmaba que es necesario un marco estable de financiación que ayude en todos los procesos de cambio que se inician en la movilidad del futuro a un sector que durante la pandemia “ha estado a la altura y ahora espera apoyo”.
Josep Mª Fortuny, Subdirector General de Ordenación del Transporte i Desarrollo Sectorial, Generalitat de Cataluña, indicaba que el marco de financiación debe garantizar la eficiencia del sistema. “Se debe invertir lo necesario en transporte público pero también debe haber herramientas de control”, decía. También se refirió a la necesidad del consenso para la correcta coparticipación en la financiación del transporte público de todas las administraciones.
Ignacio Santos, Director General de Transportes de la Junta de Castilla y León, ponía sobre la mesa un nuevo concepto, frente a la conurbación, la conruración, teniendo en cuenta la enorme dispersión de población en su región. “En el mundo rural el transporte debe ser un apéndice de los servicios esenciales”, afirmaba. Como dato de interés, señalaba que el 70% de las rutas son de tráfico débil. En media y larga distancias, le preocupa porque el autobús tendrá que competir con el tren mediante líneas directas que dejarían sin servicio a muchas poblaciones.
Miguel Ruiz, Presidente de ATUC, recordó que el sector del transporte metropolitano lleva cerca de 14 años luchando por una ley estable de financiación del transporte público. Toda Europa tiene leyes para esta cuestión pero España no. La financiación de nuestro país es irregular y sólo incluye en sus contratos-marco a Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias. El resto de las ciudades, decía Ruiz, tiene que negociar cada año su financiación. Desde ATUC se pide a la ley, que las financiación sea estable y que permitan la competitividad con otros operadores europeos.
Rafael Barbadillo, Presidente de CONFEBUS, mencionó la revisión de los mapas concesionales y pidió que sea una red integrada. Al igual que el transporte urbano se ha subvencionado por ser deficitario, Barbadillo indicó que en las líneas regulares también se debe compensar la obligación de servicio público porque a veces la exclusividad no es suficiente para poder prestarlo.
Mª José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, fue la encargada de clausurar esta jornada agradeciendo la colaboración de la Fundación Corell con sus bases fundamentales presentadas para ayudar en el proceso de elaboración de la futura Ley de Movilidad Sostenible. Esta ley, afirmaba, está en línea con la estrategia de movilidad de la UE y promueve no sólo la defensa medioambiental, la innovación y la digitalización del sector del transporte, tanto de personas como de mercancías, sino que dará reconocimiento legal a la movilidad como derecho de las personas y dará prioridad a la movilidad cotidiana para acudir o disfrutar otros servicios esenciales como el trabajo, la educación o la sanidad.
En la ronda de resumen final, Miguel Ruiz, Presidente de ATUC, resumió todos esos cambios, regulaciones y nueva financiación con una palabra que expresa el deseo de todos, que sea “pronto”.
