La concesión directa de estas subvenciones a Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias supone un esfuerzo inversor idéntico a las del 2023 y 2024. En concreto, las ayudas se destinan a la financiación del transporte público regular de viajeros de ámbito metropolitano a las siguientes entidades y con los siguientes importes:
Consorcio Regional de Transportes de Madrid: 126,89 millones de euros.
Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (Autoritat del Transport Metropolità): 149,3 millones de euros.
Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (Autoritat del Transport Metropolità de València): 40 millones de euros.
Comunidad Autónoma de Canarias: 47,5 millones de euros
Se suman a otras ayudas
Estas subvenciones se suman al resto de ayudas puestas en marcha por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible durante 2025, destinadas a financiar la implantación de:
La gratuidad infantil en el transporte público para los y las menores de hasta 14 años.
Descuentos del 50% en abonos y títulos multiviaje joven.
Reducción de tarifas en el resto de abonos y títulos multiviaje de al menos un 40%.
Descuentos en los abonos recurrentes de los sistemas públicos de préstamo de bicicletas de al menos un 50%.
Todo ello sin olvidar otras medidas de gran calado como el programa Verano Joven. En esta edición ha logrado récord de usuarios y viajes con más de 6,8 millones de viajes realizados en tren y autobús con descuentos de hasta el 90%, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025.
Características de estas subvenciones
El transporte regular de viajeros de estas áreas metropolitanas o insulares se caracteriza por varias cuestiones:
Un importante volumen de población afectada
Gran intensidad de desplazamientos
Participación de varias administraciones en su gestión
Afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores.
La concesión de estas subvenciones queda condicionada a disponer de un Plan de Movilidad Sostenible por parte de los beneficiarios y que el mismo sea coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible 2030, de forma que la financiación estatal actúa como un incentivo para desplegar este instrumento de ordenación y planificación de la movilidad.
