XVII Semana Nacional del Autocar y del Autobús

La XVII Semana Nacional del Autocar y del Autobús, celebrada en Gijón entre los pasados días 21 y 24 de octubre, ha concluido invocando la actuación decidida del sector y de las Administraciones para que el Plan Plata cumpla sus objetivos de modernización del sector, mediante una flexibilización de las normas que permita una gestión ágil y eficaz de las empresas y el máximo aprovechamiento de la red de servicios regulares. Por otra parte, se ha señalado que el apoyo normativo a planes de mejora de la calidad, seguridad y economía de los servicios regulares se presenta como “la fórmula más eficaz para ofrecer a los usuarios el nivel de servicio que merece”. En este sentido, el sector aplaude la promulgación por la Generalitat de Cataluña del Decreto 128/2003, sobre Medidas de Innovación y Fomento de la calidad en la red de servicios regulares. Se destaca que el autobús es un medio de transporte colectivo que viene demostrando su eficacia, seguridad y economía, por lo que su uso debe promocionarse mediante medidas de incentivación, acometiendo inversiones en infraestructuras, tanto en el ámbito urbano como en los accesos al mismo (estaciones de autobuses, intercambiadores, carriles Bus-Vao, etc), que inciden en la calidad del servicio, y las compensaciones económicas al transporte deben hacerse aplicando criterios de eficiencia. Además, se ha apuntado la necesidad de acometer la privatización de las empresas de transporte urbano, para que todas las operadoras del sector compitan en las mismas condiciones y con total transparencia, además de suprimir las desigualdades entre los servicios de distintas ciudades y los propios usuarios mediante una Ley Básica de Financiación. El futuro de este servicio estará basado en un desarrollo de las áreas metropolitanas, que las Administraciones deberán empezar a considerar. Al término de este encuentro se señaló que la utilización de las nuevas tecnologías constituye un reto en el desarrollo del Plan Plata, por lo que la Administración deberá propiciar fórmulas de financiación adecuadas de la inversión que realicen las empresas, así como una política de promoción del transporte público colectivo, por ser mucho más económico para la sociedad y por carecer de los costes externos del transporte privado. Estas políticas de transporte deben desarrollarse en coordinación con todas las políticas urbanas y regionales que puedan tener impacto en la movilidad y de manera muy específica en la planificación urbanística y en el medio ambiente. Por otra parte, el proceso de modernización del sector conlleva el establecimiento de autoridades únicas en las áreas metropolitanas. La figura del consorcio aparece con mayor fuerza, por su eficacia tanto para la Administración como para los empresarios y viajeros. La puesta en marcha de autoridades únicas va ligada a un proceso de modernización de transporte colectivo en el que se lleven a cabo la construcción de intercambiadores, de estaciones de autobuses, etc, mejorando la información al usuario. Por último, se señaló que el empleo constituye el principal elemento que garantiza la viabilidad de los sistemas de protección social. A este respecto, resulta esencial el equilibrio entre el nivel de protección adecuado y su financiación. La excesiva presión fiscal sobre el empleo pone en riesgo la competitividad empresarial y penaliza el empleo, dado que las contribuciones empresariales en estos términos son nueve puntos superiores a la de los países de la UE.