La ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 31 de marzo y entró en vigor, al día siguiente, el 1 de abril de 2015. Esta nueva ley afectará, como a otros servicios que se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público, al transporte regular de viajeros por carretera.
Ahora se aplicará un nuevo índice específico en el que se tendrá en cuenta la evolución de los costes del sector para poder calcularlo.
En el cálculo de dicho índice, que tendrá en cuenta los principios de eficiencia económica y buena gestión empresarial, quedan excluidos los costes de amortización, de financieros y el beneficio industrial.
Sólo se aplicará este nuevo tipo de revisión a los nuevos contratos, no a los que ya estén vigentes o en fase de adjudicación siguiendo lo establecido en un pliego anterior a esta nueva ley.
