Apoyar económicamente al sector del transporte
Ribera añadía que la movilidad es un pilar fundamental social y económico como se ha podido comprobar. Aseguraba que España tiene un transporte público de calidad, eficiente, seguro y asequible y que debe seguir siendo así. Se refirió a la gran oportunidad de cambio que nos ofrecen las nuevas tecnologías y a decía que “el transporte público no debe salir perjudicado, sino reforzado de esta crisis”.
Por ello, se justifica la creación de un Fondo para la recuperación del transporte terrestre de servicio público que pueda compensar a los operadores por la gran bajada de ingresos derivada de la caída de la demanda.
CONFEBUS ha aplaudido esta medida.
Para poder financiar el modelo de movilidad que se busca desde el Gobierno hay que contar con una ley de financiación que el sector lleva reivindicando muchos años desde ATUC. La Ministra afirmó que la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, en la que se está trabajando, podría estar lista antes de final de año.
Potenciar el transporte público con autocares discrecionales
Indicaba también que estamos en un momento clave para debatir qué modelo de movilidad queremos. Así, se refirió a la entrada de manera rotunda del teletrabajo en las empresas, que ya han comprobado que no sólo alivia el tráfico y por tanto evita contaminación, sino que ahorra tiempo a los trabajadores, ayuda a la conciliación familiar y elimina cerca de un tercio de los costes mensuales de las propias empresas.
Por otro lado habló sobre la necesidad de flexibilizar las horas de entradas y salidas en los puestos presenciales, para huir de la hora punta y también de fortalecer la oferta del transporte público, con más frecuencias, más conexiones intermodales y el refuerzo de las líneas con autocares discrecionales.
Se hacía eco así de la reivindicación de este segmento y del propio Sindicato Libre de Transporte, SLT
Por otro lado, también habló sobre el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que se incluye entre otras cuestiones la obligación de incluir medidas para que ese cambio se produzca en los planes de movilidad urbana de las ciudades de más de 50.000 habitantes.
