“ANETRA se ha reunido nuevamente con representantes del Grupo Parlamentario Socialista para analizar el hoy y el mañana de las PYMES del sector discrecional español. Contemplando el conjunto de medidas que se han aprobado desde el inicio de la pandemia, y en la senda de la ampliación temporal y modificación de condiciones de los ERTES llevada a cabo por el Gobierno de España, se solicita igualmente aplicarlo tanto para los préstamos ICO-COVID como para las moratorias en el pago de los leasing y renting para la renovación de la flota de autocares.
El Consejo de Ministros, en su reunión del 24 de marzo de 2020, aprobó las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19. Fue una medida económico-financiera que ya estaba dentro del documento de medidas que desde ANETRA y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, resaltándose como esencial para minorar los problemas de liquidez que la pandemia estaba provocando desde finales de febrero sobre el tejido productivo de las PYMES del sector discrecional español.
Desde el principio, el sector solicitó dicha línea de avales que, junto con la medida de los ERTES por fuerza mayor, ayudó a las empresas a sobrevivir, pero sin poder ejercer su actividad por estar en Estado de Alarma y porque el coronavirus golpeaba fuerte. Pero nunca se pensó que tuviera una duración como la que vivimos y, por ello durante la temporada estival y actualmente, la falta de servicios efectivos y de ingresos del sector al que ANETRA representa en el Comité Nacional, justifica sobradamente solicitar una ampliación temporal del plazo de carencia de los avales ICO-COVID un año más (dos años), y el plazo de devolución dos más (siete años), porque de no hacerlo muchísimas PYMES se ven abocadas a cerrar su empresa. No se busca una vez más un beneficio, sino la supervivencia.
El impacto del COVID-19 en las empresas de transporte discrecional está siendo mucho más profundo y por un periodo mucho más largo del previsto en los primeros compases del periodo de Estado de Alarma, por lo que, debido a ello, las empresas no podrán disponer de la capacidad financiera para devolver el principal de todos los préstamos asumidos antes y durante.
Teniendo presente que el Estado está avalando el 80% de cada operación, los representantes del Grupo Parlamentario Socialista los han considerado justificados, ya que es necesario que los plazos de devolución del principal de los préstamos ICO sean adaptados a la realidad de la situación económica de los sectores especialmente afectados como el que representamos, para así poder tener la capacidad de repago suficiente y no insolvencia por las PYMES.
Y lo mismo sucede con las moratorias temporales en el pago de los préstamos, leasing y renting para la renovación de la flota de autocares. Con la misma justificación, se ha solicitado con urgencia la ampliación temporal a 18 meses de la normativa de la moratoria, incluyendo principal e intereses; asimismo, regular y aprobar nuevamente la bonificación de aranceles notariales de estas operaciones que determinan una novación contractual.
Medidas a coste cero para la Administración, que están justificadas en ampliarse y en modificar su regulación para la supervivencia de quienes están sufriendo un injusto y triste tiempo de pandemia.”
