En el contexto de su inminente tramitación parlamentaria, que el representante del PSOE, César Ramos, fijó para el primer semestre del presente año, la Asociación de Trasportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc) celebró en Madrid una jornada sobre el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que reunió a Andrés Lorite (PP) e Inés Granollers (ERC), junto al antes citado, como portavoces parlamentarios de la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, así como a la secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rallo.
El secretario general de Atuc, Jesús Herrero, destacó lo oportuno del momento en que se discute la ley por el entorno de cambio en que nos encontramos, ya que la movilidad juega un papel fundamental en la descarbonización. Además, subrayó que solventa la falta de estructura normativa que permita previsibilidad y el reparto de responsabilidades: “La ley nos gusta mucho, al dar una importancia enorme a la movilidad y ofrecer instrumentos de medida y revisión, lo que evitará que se hagan planes que no se llevan a la práctica”.
La importancia de esta ley se explica en el hecho de que el 27 por ciento de las emisiones de GEI en nuestro país procedan del transporte, una cifra cinco puntos superior a la media europea. Todos los debatientes coincidieron al señalar los ejes sobre los que pivota la futura Ley: movilidad limpia y saludable, sistema digital e innovador y calidad en la inversión, además de consagrar la movilidad como un derecho social.
UN DERECHO PARA TODOS
Por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social, que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. En este punto, Inés Granollers, portavoz de ERC-S, ha señalado que “la movilidad sostenible debe ser un asunto de interés general, sobre todo en las zonas despobladas. Es muy difícil luchar contra el reto demográfico sin movilidad”. Así, la diputada en el Congreso afirmaba que desde Esquerra Republicana pedirán que la ley pueda ir revisándose en función del contexto: “la gente joven debe tener las oportunidades que ellos quieran y no solo las que la movilidad le permite”.
El proyecto de ley busca también una mayor digitalización del transporte, a través de un espacio de datos donde los principales agentes puedan compartir su información actualizada para optimizar la toma de decisiones. Con respecto a la digitalización para el usuario, Granollers ha subrayado la importancia de pensar también en los más mayores: “no solo nos podemos basar en aplicaciones móviles”.
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, César Ramos, ha afirmado que la tramitación de la ley va a conseguir un amplio consenso: “se trata de una primera ley de movilidad que –además de abrir posteriores debates en temas que requieren una mayor profundidad– dependerá de las administraciones públicas, ayuntamientos y empresas privadas y la conjugación de las comunidades autónomas y el Gobierno que dé su fruto”. Además, Ramos se comprometió a aprobar la ley antes de la finalización de la actual legislatura: “la primera Ley de Movilidad Sostenible de la historia de España será aprobada en el primer semestre de este año”.
CERTIDUMBRE ECONÓMICA
La financiación fue uno de los puntos claves del debate. España es el único gran país europeo que no cuenta con una ley estatal de financiación de trans[1]porte público. “Atuc lleva más de una década trabajando por una ley de financiación. Las subvenciones en nuestro país dependen de decisiones políticas arbitrarias según los PGE, lo que nos impide planificar nuestros servicios con cierta previsión”, explicó el presidente de Atuc, Miguel Ruiz. La Ley de Movilidad Sostenible pretende solventar estas deficiencias. La financiación del transporte público urbano por parte del Estado se encuentra en torno al siete por ciento: “en este aspecto también nos encontramos a la cola de Europa”, apuntaba.
Sobre el modelo asimétrico de financiación también opinó Andrés Lorite, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Para el diputado del PP es muy apropiado el debate y la tramitación de la norma en tanto en cuanto –además de lo que puede representar en materia climática– acaba con la incertidumbre del sector en materia económica: “el proyecto de ley hace una apuesta muy inteligente en torno a la distribución de los fondos para el transporte urbano por parte del Estado y atiende la reclamación del sector por la homologación”.
BROCHE INSTITUCIONAL
La secretaria general de Transporte y Movilidad, María José Rallo, clausuló la jornada alegando que el servicio prestado por el transporte de las Comunidades Autónomas debe tener su espacio en la financiación autonómica, junto a la sanidad y educación. Con respecto al contenido de futuro marco legislativo, Rallo ha afirmado que se trata de “una ley muy pragmática y robusta técnica y jurídicamente para ser un sustrato sobre el que construir” y advirtió que “todos los temas llevan una grandísima reflexión detrás”.
