Analizando los datos sobre morosidad del primer trimestre del año se puede destacar que “la morosidad se agrava”, según la señala la confederación. Afirma que el 55,7% de las facturas se pagan con retraso. También indica que “siguiendo su patrón estacional, el periodo medio de pago (PMP) ha subido en el primer trimestre. Y lo ha hecho hasta los 84,3 días, según el último Observatorio de Morosidad elaborado por CEPYME, a partir de datos de Informa D&B y CESCE. El incremento interanual en el plazo de pago en el primer trimestre fue de 0,9 días, el mayor en cuatro años. Esta evolución supone un grave lastre para las empresas españolas.”
Por otro lado, apunta CONFEBUS que “a la espera del nuevo marco regulatorio europeo sobre morosidad, estos datos evidencian de nuevo la falta de efectividad de la Ley de Morosidad española, que fija el plazo máximo legal de pago en los 60 días. Por ello, y tras las elecciones celebradas al Parlamento Europeo, CEPYME, Confederación Española de la Pequeña y Media Empresa, en la que está integrada CONFEBUS, urge a las instituciones europeas a agilizar la aprobación de la nueva normativa comunitaria sobre morosidad y, especialmente, insta al Consejo de Competitividad de la UE a que opte por la vía del reglamento, en lugar de la directiva, con el fin de homogeneizar más efectivamente las diferentes normas nacionales.”
Necesidad de hacer homogénea la regulación contra la morosidad en toda la UE
CEPYME considera urgente tramitar esta normativa europea para homogeneizar la regulación y combatir la morosidad a escala comunitaria. Con ello, entienden que se pueden garantizar “condiciones equitativas para las pymes de todos los países miembros” y mitigar “los efectos negativos que la morosidad tiene sobre la liquidez de las empresas, comprometiendo sus proyectos y, en muchas ocasiones, su supervivencia.”
La morosidad no desciende
Desde CONFEBUS se explica que “el PMP inició una fase descendente al comienzo de la pandemia, pero ya suma tres trimestres consecutivos sin anotar descensos. La evolución de la inflación y de los tipos de interés condicionan este alargamiento de los plazos de pago.
La inflación incentiva la reducción de los plazos de cobro para evitar la erosión del poder adquisitivo de las facturas por cobrar. En el primer trimestre se ha situado en el entorno del 3%. Aunque sigue siendo elevada, su estabilización en ese rango reduce la presión para seguir acortando el plazo de cobro. En el mismo sentido, la percepción de que la carrera ascendente de los tipos de interés ha quedado atrás habría contribuido también a relajar la presión por reducir los plazos de cobro de las facturas emitidas.”
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