Según Fenebús, “Como quiera que Renfe recibe ayudas del Estado para equilibrar sus presupuestos, y teniendo en cuenta que ni Largo Recorrido ni Alta Velocidad tienen carácter de servicio público, podría llegar a considerarse que se trata de “ayudas de Estado” y por tanto ser ilegales de conformidad con la actual normativa comunitaria en esta materia” Desde Fenebús se apunta también que no es la primera vez que tiene que acudir a los organismos de la competencia a nivel nacional, por competencia desleal del ferrocarril derivada de la aplicación de precios predatorios, es decir, que están por debajo de los costes de explotación.
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