Según ambas asociaciones, no puede aceptarse ninguna quita para poder anticipar el cobro de la deuda tal y como propone el Real Decreto-ley 4/2012 aprobado recientemente por el Gobierno, además supone una alteración en la prioridad de pago que se establece por la antigüedad de la fecha de la factura, como se indica en el Código Civil.
Afirman que algunos ayuntamientos están intentando dejar fuera del procedimiento establecido por Real Decreto a los proveedores de servicios de transporte urbano, no queriendo incluir las facturas pendientes de pago por estos conceptos en la relación certificada de obligaciones de pago que tienen que remitir antes del próximo 15 de marzo al Ministerio de Hacienda.
La deuda de las Administraciones públicas asciende a 1.098 millones de euros, el 29% de la facturación total del sector, de los que 768 millones de euros corresponden a deudas de las corporaciones locales por los servicios de transporte urbano y el resto a las comunidades autónomas por los servicios de transporte escolar en los centros públicos.
No habrá negociación de las quitas con los Ayuntamientos
Tanto Asintra como Fenebús han mandado comunicados en los que se afirman que sus asociados no negociarán con los ayuntamientos ningún tipo de descuento sobre las cantidades que éstos les deben por sus servicios para poder anticipar el cobro.
