En su denuncia se enumeran 6 puntos principales:
1.La gestión por parte del Ministerio de Fomento de los concursos públicos concesionales permanentes de uso general del transporte de viajeros por carretera, especialmente en el periodo 2012-2019.
Eurorutas considera que “la competencia por el mercado no se está adecuando a parámetros objetivos y transparentes”, que “la incerteza e incompetencia en la redacción de los pliegos es proverbial, con aproximadamente una docena de anulaciones” y que es “falta de transparencia e inseguridad jurídica, con una ausencia de criterios previos, objetivos, claros y uniformes, nos acerca peligrosa y tentadoramente a las más absolutas discrecionalidad y arbitrariedad, con continuos cambios en los criterios concernientes a la aceptación o rechazo de las ofertas desproporcionadas o temerarias, la indefinición de cuál fuere la oferta temeraria admisible”. Considera que existen “directos y frontales atentados contra la libre competencia" y alude a las concesiones convalidadas y prorrogadas incluso tras ser anulado el concurso “siendo que deberían haber sido licitados con carácter urgente y prioritario”.
2. El nuevo pliego de junio de 2019 regulador de los concursos para la adjudicación de los servicios concesionales de transporte público de viajeros por carretera permanentes de uso general de la titularidad del Ministerio de Fomento.
Considera Eurorutas que, entre otras cuestiones, “impone barreras de acceso a la licitación desproporcionadas al objetivo perseguido –tales como la exigencia de experiencia previa en los tres últimos años de prestación de servicios con un número de vehículos igual o superior al exigido en el Cuadro de Características”.
3. Las presuntas irregularidades cometidas por el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad Autónoma Madrileña en la gestión de los servicios públicos concesionales de transporte de viajeros por carretera de la titularidad de la CAM y sobre la ilicitud de la pretendida prórroga de estas concesiones.
Tales irregularidades se refieren a “la indebida forma de retribución, por kilómetro recorrido, de las empresas concesionarias de tales servicios, que pulveriza el principio de “riesgo y ventura”.
4. Las presuntas irregularidades cometidas en la gestión del transporte urbano “que han venido a suponer severísimas restricciones a la competencia, infringiendo el principio de no discriminación, sin causa justificativa alguna que traiga su fundamento en los principios de necesidad y proporcionalidad, y, produciendo, de facto, un reparto del mercado.”
Hace alusión a cláusulas de entrada en el sector urbano como “la previa experiencia en la realización de transporte en autobús, de carácter regular, durante un determinado número de años, y que tal experiencia lo sea en poblaciones que acrediten un mínimo poblacional”, así como a la gestión de los servicios turísticos urbanos en autobuses panorámicos y trenes turísticos.
5. “La directa ampliación de los plazos concesionales de los servicios públicos lineales permanentes de uso general, en el transporte interurbano de viajeros por carretera, integrados en concesiones zonales titularidad del Principado de Asturias.”
6. Las estaciones de autobuses e intercambiadores de titularidad pública “en tanto se aprecian en su gestión y explotación actuaciones potencialmente perturbadoras de la libre competencia”
