Clamor del sector por la subida incesante del diésel y el gas

Según los datos facilitados por Confebus, a mediados de junio, “el precio del gasóleo alcanzaba ya la cifra histórica de 1,916 euros/l, lo que supone un incremento, solo en lo que va de año, de un 37,29%, a lo que habría que sumar un 16,10% de aumento en 2021. A su vez, el precio del gas natural acumula un incremento del 140% en 2022, siendo en 2021 un 365,41% superior al promediado de 2020. De este modo, en lo que va de año, solo por el precio del gasóleo, el sobrecoste para el sector asciende ya a 403 millones de euros, y a 101 millones por el precio del gas natural”.

  
La Confederación Española de Transporte en Autobús, CONFEBUS, solicita, una vez más, a la Administración la adopción de una serie de medidas urgentes para hacer frente a la desesperada situación en la que se encuentra el sector, ante el elevado y continuado encarecimiento del precio de la energía (gasóleo y gas). La Confederación insiste en trasladar a la Administración que “esta subida desproporcionada y continuada evidencia la necesidad e importancia de una revisión extraordinaria de las tarifas o un reequilibrio de los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte, así como la revisión de los precios de todos los contratos dependientes de las Administraciones, para poder mantener la continuidad de una industria que es garante de la movilidad sostenible y de un servicio público esencial. Una situación que está poniendo en peligro la recuperación de un sector especialmente castigado por los dos años de pandemia, y en un momento crítico como es la temporada turística que acaba de comenzar. Estos meses son fundamentales para que las empresas del sector puedan mejorar sus resultados. La supervivencia de muchas de ellas está el juego.”  CONFEBUS volvió a recordar que “incluso muchas empresas han realizado una transición hacia combustibles alternativos, como el gas natural, que se está viendo penalizada por el incremento constante del precio de este combustible. El autobús es un sector estratégico para la sociedad que garantiza la movilidad de millones de personas cada día, asegura el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, como la sanidad, la educación o el trabajo, y es un actor clave de la cadena y oferta turística. Y precisamente por esta razón, la Administración debe tomar las medidas pertinentes para garantizar la supervivencia del sector del transporte en autobús.”

La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares, ANETRA, ha solicitado de forma urgente una cláusula de revisión de precios en los contratos públicos de Transporte de Viajeros por carretera. La Asociación indica que “durante los dos últimos años ha aumentado el precio del gasóleo, lo que ha ocasionado un incremento de costes imprevisibles, para el momento en el que se llevó a cabo la licitación, presentación de ofertas o firma de los muchos contratos de transporte hoy vigentes, y que excede cualquier tipo de riesgo asumible y exigible al contratista de un contrato público”. Por ello se ha solicitado al Gobierno que “se produzca una respuesta global e integral que restaure la equivalencia entre prestaciones, esencial en el derecho contractual, permitiendo la continuidad de los contratos en condiciones asumibles y equilibradas.” A juicio de ANETRA, y para evitar que se siga produciendo esta situación, se propone la modificación de la Ley de Contratos, incluyendo una “disposición normativa de aplicación automática que permita la revisión excepcional de precios en los contratos públicos de estos servicios similar a la establecida para el transporte de mercancías”.

DIREBUS, planteaba ya en primavera un plan de actuación urgente ante “la imparable escalada de los precios del combustible sobre la actividad de las pymes del sector”. Entre sus medidas se encuentran la revisión de tarifas de los contratos:  “En los contratos administrativos de transportes de viajeros por carretera, tanto los actuales con carácter retroactivo como los licitados próximamente, cuando el precio del combustible hubiese variado al alza en el momento de realizarse el transporte, se revisarán los precios de transporte incrementándose automáticamente el precio inicialmente fijado, en la cuantía que resulte de aplicar idénticos criterios o fórmulas que se establezca, sea cual sea la Administración contratante de transporte, sin que haya diferencias entre regiones españolas.”. También proponía “ayudas directas a través de un bono de combustible fijo por cada vehículo en sí mismo, sin que se tope por kilometraje, tiempo o distancia recorrida”, y la “eliminación temporal de la parte impositiva del precio por litro de los combustibles utilizados para el transporte profesional”.

ATUC ha explicado en la Asamblea de Madrid la situación del transporte público. El presidente de Atuc, Miguel Ruiz, compareció ante la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid para informar a todos los grupos políticos del parlamento madrileño acerca de la grave situación por la que está pasando el sector del transporte público. Durante su intervención, Miguel Ruiz hizo especial hincapié en la bajada del número de viajeros que aún se arrastra desde la pandemia y la grave crisis energética que están sufriendo las empresas operadoras los últimos meses, la cual está poniendo en peligro la viabilidad de este servicio público, estimando las pérdidas causadas por ambos motivos durante los últimos dos años en 1367,5 millones de euros.

Todo el sector, en todas las comunidades autónomas, están muy preocupados por la supervivencia ante esta subida de precios. Es el caso, como ejemplo, de FECAV, en Cataluña, o FEDINTRA, en Andalucía, que nos han hecho llegar su malestar.

FECAV, la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros, afirma que “el incesante incremento del precio del combustible amenaza la actividad del sector del transporte de viajeros por carretera de Cataluña”. Esta Federación ha presentado varios escritos ante las Administraciones titulares, poniendo en alerta sobre los estragos de estas subidas para las empresas del sector. “Desde el sector se ve positivamente que a otros sectores estratégicos, como el de la construcción, se les haya concedido la posibilidad de revisar los precios de los contratos, a pesar de la Ley de Desindexación. Así pues, no se entiende como un sector esencial como es el transporte de viajeros por carretera, no se le otorgan medidas en la misma línea, que permitan adaptar los precios del contrato a la realidad actual”, se indica desde FECAV.

La Federación Independiente de Transportistas de Andalucía, FEDINTRA, asegura que “si no se toman medidas, el transporte escolar en Andalucía no podrá dar servicio en septiembre”. Por ello reclama medidas urgentes para detener los precios del combustible y la revisión de tarifas y precios en los contratos actuales en función de las circunstancias del momento. Algunos proveedores de combustibles han trasladado a Fedintra, que es muy posible que se alcance la cifra de los 3 euros por litro de diésel en los próximos mes, “para el transporte escolar la cifra actual de 2 euros es ya devastadora, y aunque no se alcanzaran los 3 euros por litro, si la Junta de Andalucía no toma medidas para compensar esta situación, con estos costos no podremos empezar las rutas escolares en Septiembre para el próximo curso”, asegura Antonio Vázquez, Presidente de FEDINTRA. Si los contratos públicos fijan unos precios y condiciones, en función de la situación del momento de la firma; para un periodo que puede extenderse durante años, lo lógico es plantear cláusulas que puedan variar dichas condiciones “tal y como rápidamente se ha establecido en el sector de la construcción, con la revisión de los precios de los materiales", apuntó Vázquez.

Cada día asistimos a una nueva subida del precio del gasoil. Ya hemos superado la frontera psicológica de los 2 euros el litro y sigue subiendo.

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