El encuentro entre AETRAM y AMAS se centró en la revisión de los estándares de calidad y la eficiencia de los servicios de transporte dirigidos a colectivos vulnerables, como personas mayores dependientes y personas con discapacidad.
Ambas entidades abordaron también aspectos clave relativos a las últimas licitaciones y concursos impulsados por la Agencia. La meta común es garantizar que los futuros contratos aseguren la continuidad de estos servicios con la máxima profesionalidad y la mejor adaptación a las necesidades de accesibilidad de estos usuarios en la Comunidad de Madrid.
Datos de la colaboración público-privada
Durante la sesión, la AMAS facilitó datos concretos que dimensionan la esencial colaboración entre la administración y el sector privado.
Actualmente, la Agencia gestiona 61 rutas que requieren vehículos de más de 9 plazas adaptados con sistemas de Movilidad Reducida (PMR), una cifra que subraya el volumen de la demanda especializada.
Estos servicios cruciales son desarrollados por 12 empresas de transporte madrileñas especializadas en la atención social y en este tipo de transporte tan especializado.
La información detallada también reveló que más de veinte mil usuarios/mes —principalmente personas mayores dependientes y personas con discapacidad— dependen de estas rutas, lo que destaca la importancia crítica de la coordinación para garantizar la inclusión y el bienestar social.
Adaptación de vehículos
AETRAM valoró positivamente la transparencia de la Agencia y reafirmó el firme compromiso del sector, donde 1 de cada 5 vehículos se encuentra adaptado con plataforma o rampa para poder atender la exigencia especifica de accesibilidad requerida para estos servicios para mantener los altos niveles de exigencia en este tipo de transporte.
La Asociación subrayó que el sector discrecional es un socio estratégico de la AMAS, aportando la capilaridad, la especialización y la flota necesaria para cubrir las necesidades más sensibles. Ambas partes coincidieron en la necesidad de continuar la interlocución para optimizar los próximos pliegos de contratación y garantizar que la calidad del servicio, la formación específica de los conductores y profesionales de las rutas y la seguridad sigan siendo prioridades absolutas en la prestación del transporte social.
