Tras la suspensión de la actividad presencial en los colegios originada por la crisis del COVID-19, los ingresos en las empresas cayeron “ocasionando graves dificultades al sector y enormes pérdidas para la mayoría de los operadores”, según afirma CONFEBUS. Sus datos indican que los servicios escolares suponen el 13% del total de la facturación del sector del autobús.
Para garantizar una vuelta al cole segura, los operadores están llevando a cabo los protocolos de limpieza y desinfección recomendados por las autoridades sanitarias para contener el virus y garantizar la seguridad en sus servicios, así como implementando las medidas que van requiriendo las distintas Comunidades Autónomas.
Desde CONFEBUS se quiere “lanzar un mensaje de seguridad y confianza de cara al inicio de las clases, haciendo hincapié en cómo con el uso responsable del transporte colectivo se ha demostrado que se garantiza un entorno seguro para los viajeros.”
Sobre los servicios de transporte escolar, Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, también advierte que "en ocasiones, el transporte escolar es la única alternativa de movilidad que tienen los estudiantes para acudir a los centros de enseñanza". Y aboga por la promoción del transporte escolar "como medida para mejorar el tráfico y, en consecuencia, reducir los niveles de contaminación de la atmósfera, contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental". "La aglomeración y el colapso de determinadas arterias y vías en horas punta tiene que ver en parte con el uso masivo del vehículo particular para la entrada y la recogida de los escolares", revela.
Siendo además el autobús el modo más seguro de transporte por carretera, con 0 víctimas mortales en 2019, "el transporte escolar no solo garantiza la movilidad de los estudiantes y la descongestión, sino que su uso garantiza la seguridad de las personas", explica el presidente de la Confederación.
Medidas urgentes para el transporte escolar
CONFEBUS ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se lleven a cabo una serie de medidas urgentes y necesarias, como:
que el límite de antigüedad máxima de los vehículos de transporte escolar se amplíe 1 o 2 años, de manera transitoria y hasta la normalización de la economía una vez superada la crisis.
el pago de los contratos suscritos con la Administración para el transporte a centros públicos para este curso lectivo
la prórroga para los próximos dos an?os del contrato, lo que permitiría aliviar la difícil situación financiera a la que están abocadas los operadores que prestan este tipo de servicios, que son principalmente pequeñas y medianas empresas.
