Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, advirtió al inicio de su discurso sobre la desaparición de empresas del sector, en concreto 270 de momento, lo que significa ahora se ha bajado de las 3.000 empresas. Pero pueden ser más porque muchas de las que han resistido tienen grandes deudas acumuladas. Para evitar que esto ocurra, ha solicitado un nuevo fondo COVID por un importe de más de 1.110 millones de euros con los que se compense a las compañías el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022 y garantizar su viabilidad. El reparto podría ser: 275 millones para transporte urbano y metropolitano, 746 millones para el regular interurbano y 80 millones para los servicios discrecionales, que “son los que menos apoyos han tenido de las Administraciones”, dijo.
A la crisis y deudas heredadas de la pandemia, se suma ahora la subida de los combustibles. Barbadillo afirmaba que la subida del diésel, sólo en lo que va de año, ha sido superior al 38% y en el caso del gas hasta un 140%. Esta subida se añade a la que ya experimento en el anterior ejercicio.
Por ello, decía que es necesario que las ayudas del Gobierno se mantengan para el transporte profesional y se incremente el descuento a 40 céntimos/litro. Pero también que se tenga en cuenta el gas, con un tratamiento diferenciado y se repita la ayuda directa por vehículo para cada trimestre, incluyendo a los vehículos de transporte urbano.
Entre las otras medidas adicionales que solicitó destacan: dejar al sector del autobús fuera de la aplicación de la ley de desindexación de la economía española y la actualización urgente de los precios de los contratos de gestión de los servicios de transporte público de transporte y de transporte escolar para paliar la subida del combustible, porque de lo contrario muchas empresas no podrán seguir realizando dichos servicios.
En cuanto al diseño de los nuevos mapas concesionales nacionales y autonómicos, Barbadillo pedía coordinación para proyectar la imagen de una única red: “El modelo concesional funciona y es un ejemplo de éxito de la colaboración público-privada en la prestación de un servicio público de primera necesidad y estratégico para la cohesión social”, aseguró, confirmado que la filosofía de combinar líneas rentables y otras que no lo son, asegura la prestación del servicio público “si aquellos tráficos de transporte regular que, aisladamente considerados, tuviesen ratios de rentabilidad aceptables, básicamente los destinados a conectar grandes poblaciones entre sí, fuesen excluidos de los actuales contratos de servicio público, el conjunto de la red se vendría abajo”.
En cuanto al Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible considera que necesita de mayor precisión en muchas de las definiciones y conceptos que introduce y que es deseable no crear nuevos organismos sino ampliar la composición y competencias de órganos como el Consejo Nacional de Transporte Terrestre.
También manifestó su preocupación por la financiación del transporte público, que no debe limitarse solo al ámbito urbano y metropolitano y que debe ampliarse a todo el sistema de la movilidad, incluyendo los transportes interurbanos de media y larga distancia. Por tanto, se ha solicitado que la Administración General del Estado que asuma la obligación de dotar el presupuesto necesario para cumplir con los compromisos derivados de la Ley, siendo necesario que se acompañe de una memoria económica que garantice la generación de recursos para cumplir con sus disposiciones.
