En este documento se plantean un conjunto de propuestas y buenas prácticas para mejorar los procesos de licitación, con el objetivo actualizar el sistema de contratación pública y adaptarlo a las necesidades del mercado.
El informe identifica tres bloques en los que proponen mejoras en todas las fases de los procesos de licitación pública (antes, durante y después) para todo tipo de contratos de transporte en autobús: regulares urbanos e interurbanos, servicios especiales, como el transporte escolar, y de titularidad de todas las administraciones a nivel local, regional y estatal.
Candido Pérez (KPMG), abrió la presentación del informe afirmando que el autobús es el modo de transporte público que “llega donde otros no pueden llegar” y que “la transición a una movilidad sostenible y segura pasa por un cambio modal en el que el autobús es protagonista.” También dijo que “el sector está en un momento crítico porque debe adaptarse a las nuevas necesidades y demandas de movilidad, de sostenibilidad y a cambios en los entornos regulatorios y energéticos.” Explicaba que “el sistema concesional permite a los operadores competir por el mercado garantizando la continuidad del servicio, como hemos visto en las recientes circunstancias derivadas del COVID”. En este informe se ha trabajado para buscar buenas prácticas que perfeccionen el sistema, para que no se tenga solo en cuenta el precio del servicio sino también la calidad y sostenibilidad de éste. Para ello han analizado los pliegos de licitación pasados y en curso en todos los ámbitos de las tres Administraciones y en todo tipo de servicios. También se ha incluido al final del informe una encuesta realizada a 56 empresas del sector.
El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, señalaba que “la movilidad es un derecho para la calidad de vida de las personas” y que “el autobús es un claro ejemplo presente y futuro de movilidad segura, sostenible y eficiente.” Recordaba que el actual modelo concesional permite cohesionar el territorio nacional con “muy pocos recursos públicos” y que, en este sentido, “la colaboración público-privada es una herramienta estratégica para las Administraciones Públicas a la hora de abordar los retos de movilidad y los cambios sociales, medioambientales y tecnológicos, apoyándose en la acreditada experiencia de los operadores de transporte en autobús para gestionar todo tipo de contratos con eficacia y calidad.” Y hacía hincapié en que, en España, este modelo de gestión “es un caso de éxito reconocido internacionalmente.” Pero afirmaba que se requiere “un marco jurídico seguro y estable que facilite el modelo de contratación pública con unos pliegos que sean claros y atractivos, que apuesten por la mejor relación calidad-precio además de eliminar los obstáculos normativos que constriñen la capacidad de adaptar los contratos a la evolución real de los costes de estos servicios.” Y añadió que “las licitaciones públicas de todo tipo de servicios de transporte en autobús deben ser equitativas y equilibradas, de manera que los aspectos económicos no sean el principal requisito, sino que se prime la sostenibilidad desde el punto de vista social, medioambiental y económico, destacando siempre la seguridad, la innovación y la calidad.”
Fernando Vizoso (KPMG), se adentró en el contenido del informe, hablando de la fase inicial del proceso de licitación. En primer lugar, se refirió a qué creen que debe tener en cuenta la Administración Pública cuando está planificando un proceso concesional o medidas que pueden considerar para que el contrato resultante se adapte a la realidad del mercado. “El Ministerio de Transporte y Movilidad está haciendo algo parecido, tiene un Observatorio de Costes del Transporte para el ámbito discrecional y es una fuente de referencia, pero no aborda el transporte regular, que sería de gran ayuda para orientarles sobre los costes que van a soportar los operadores y dimensionar de forma razonable los contratos.” También propuso la buena práctica de crear “pliegos tipo”, que vendría a ser un mismo pliego, pero ajustable. “Esto generaría además certidumbre al mercado porque nos encontraremos con pliegos y contratos similares.” Por otro lado, se refirió a la necesaria consulta al mercado por parte de los licitadores y la comunicación con los operadores y los ciudadanos. Por último, habló de las propuestas que tienen que ver con la propia elaboración del estudio de viabilidad que es el pistoletazo de salida de la licitación. Pidió a las Administraciones que hagan revisión del pliego justo antes de lanzar el proceso porque, a veces, paso tanto tiempo desde que se pone en marcha, que los planes de viabilidad se ven ya alterados por nuevos factores que antes no se contemplaban y se desvirtúa.
Alberto Borrego (Eversheds Shuterland), se ocupó de las cuestiones que habría que trabajar durante el proceso de licitación, en el pliego. Algunas de las preocupaciones son “que no se rompa el principio de riesgo y ventura pero que haya razonable previsión de las circunstancias extraordinarias que pueden concurrir durante el proceso de vida del contrato” o “cómo evitar que las licitaciones se produzca un efecto subasta”, entre otras. Y explicó diversas propuestas para mejorar los pliegos dentro del complimiento de las normativa legal.
20 recomendaciones de CONFEBUS
A partir de los ejemplos de buenas prácticas realizadas por alguna administración pública, se han desarrollado 20 recomendaciones. Van desde mejorar el conocimiento del mercado, trabajar con una previsión realista de demanda e ingresos, la correcta conceptualización de los estudios de viabilidad económica-financiera, el ajuste de los criterios de valoración y adjudicación de ofertas o la revisión de las condiciones contractuales, entre otras propuestas. Así, el primer bloque se centra en propuestas de actuaciones previas a la licitación (pliegos tipo, observatorios de costes, modelo contractual, procesos de escucha activa…), mientras que el segundo se refiere a propuestas sobre cláusulas a incorporar a los pliegos durante la licitación (en materia de previsión realista de la demanda e ingresos, al respecto de la viabilidad económico-financiera del servicio, en cuanto a condiciones contractuales del pliego o sobre criterios de valoración, selección de las ofertas….) y el tercer bloque incluye propuestas de actuaciones tras la adjudicación del contrato (auditorías de cumplimiento, sistemas de incentivos o penalizaciones).
