Para FENEBUS, este nuevo ataque de Competencia demuestra un total desconocimiento del transporte de viajeros por carretera. Considera que la entidad debería tener en cuenta que los concursos actuales difieren radicalmente de los convocados a finales de los años 80 y principios de los 90, ya que en ese momento la rentabilidad de las líneas estaba asegurada. Cree que ahora, lo más probable es que no exista demasiada concurrencia en los concursos porque la competencia de otros modos como el ferroviario con el AVE o las líneas low cost de aviación han reducido o hecho desaparecer la rentabilidad en muchos de los servicios que presta el transporte por carretera.
Respecto a la prórroga de las concesiones que han firmado las comunidades autónomas, Competencia afirma que se ha tratado de una maniobra para “cerrar el mercado tratando de eliminar cualquier atisbo de liberalización, aunque viniera impuesta por el cumplimiento de las normas comunitarias”. Y amenaza con “emprender las medidas que considere oportunas de cara a instar la corrección de las mismas”. De momento, ha hecho llegar un requerimiento a la Comunidad Valenciana para que modifique su normativa y avisa que si en el caso de un mes no hay resultados, abriría la vía para impugnar la regulación ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Afirma FENEBUS que lo primero que resulta curioso de esta afirmación es que todas las comunidades autónomas que han prorrogado sus concesiones lo han hecho de acuerdo con el Reglamento europeo 1370 sobre obligaciones de servicio público, que establece plazos de diez años más un 50% en caso de mejoras significativas en el servicio. De hecho, las autonomías han exigido a los operadores importantes inversiones para la mejora del servicio y la accesibilidad al transporte y han respetado íntegramente el texto comunitario. Las únicas excepciones han sido Cataluña y La Rioja porque publicaron sus respectivas leyes de transportes antes de que el reglamento europeo viese la luz y Canarias, Comunidad Autónoma a la que la norma comunitaria ofrece una excepcionalidad debido a su condición de región ultraperiférica. En segundo lugar, todas las leyes publicadas por las comunidades autónomas han sido aprobadas y ratificadas por sus respectivos parlamentos que además de soberanos son territorialmente los competentes, por lo que podrían ser ellos, en última instancia, quienes denunciasen a la Comisión Nacional de la Competencia por estos informes que de alguna forma representan una intromisión en su soberanía.
A FENEBUS cada día le preocupa esta obsesión constante que está adquiriendo la Comisión Nacional de la Competencia contra las empresas privadas de transporte tanto urbano como interurbano de viajeros por carretera, cuando no dice ni hace nada respecto a la actuación de empresas públicas como Renfe, a quien la Comisión Europea ha obligado recientemente a suspender las ayudas ilegales que recibía para compensar precios por debajo de costes, o las EMT de muchas ciudades españolas que continúan siendo públicas y actuando como auténticos monopolios y sin plazos prefijados en la prestación de los servicios.
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