Pues bien, los resultados arrojan claras diferencias entre las 10 capitales de provincia más habitadas en España. Si en Madrid, por ejemplo, los niños pueden viajar de forma gratuita hasta los siete años; en Valencia ese umbral se eleva hasta los 10 y en Barcelona hasta la “adolescencia”, los 16, según el MAMI, del que también se desprenden discrepancias incluso dentro de una misma ciudad, como en Málaga, donde la edad máxima para no pagar en los autobuses son los cuatro años, pero en el metro se reduce hasta los tres.
En Sevilla –donde los niños viajan gratis hasta los tres años- se ha aprobado que los menores de 12 años viajen sin pagar, aunque todavía no se ha establecido cómo y cuándo se pondrá en marcha la iniciativa. Y en Zaragoza si bien los niños de hasta cuatro años no pagan por viajar en los autobuses, el Ayuntamiento está barajando la posibilidad de ampliar el umbral hasta los ocho.
Vistas estas diferencias de criterio, y después de que Ibiza se haya convertido en la primera ciudad española en extender de manera ilimitada la gratuidad del transporte público a todos los menores de edad, ATUC considera que ha llegado la hora de homogeneizar la actual amalgama de criterios para evitar que el cuarto pilar del Estado del Bienestar pase de ser un tema de interés social a convertirse en un tema del debate político.
ATUC recuerda que estas medidas dependen única y exclusivamente de las administraciones con competencias en materia de transporte colectivo, por lo que los operadores poco o nada pueden hacer para evitar que medidas de corte sensible como la movilidad de los infantes acabe siendo instrumentalizadas, y especialmente en el año previo a la celebración de los comicios municipales.
ATUC respalda este tipo de subvenciones de carácter social y que, además, ayudan a fomentar el uso del transporte público entre los niños pensando en el día de mañana cuando sean mayores y decidan cómo moverse, pero precisa que deberían llevarse a cabo de forma paralela iniciativas de concienciación para que los que hoy viajan gratis se conviertan mañana en usuarios convencidos y valoren la importancia del servicio que se presta.
¿Quién lo paga?
Para ATUC, la gratuidad del transporte público para los niños, así como cualquier otra subvención o bonificación, debe reflejarse en una ley de financiación del transporte público, de la que España carece, como excepción en Europa, y que serviría para armonizar este tipo de medidas que eviten la disparidad entre ciudades. En ella, además, tendría que especificarse el origen de estos recursos para sufragar los gastos que conllevaría, así como asignar el papel a desempeñar por cada una de las administraciones competentes.
En la actualidad, los ingresos por tarifas cubren más de la mitad del coste del sistema en España, por lo que la designación arbitraria de las edades con las que viajar de forma gratuita amenazaría su sostenibilidad, sin olvidar que aquello que se deja de ingresar por un lado debe compensarse por otro, es decir, con recursos públicos, que hoy en día y como regla general costean el 46% del sistema.
Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “las políticas de gratuidad del uso del transporte público pueden ser interesantes para ayudar a las familias y que tener hijos sea para el presupuesto doméstico lo menos oneroso posible. No obstante, siempre deberían ir acompañadas de dos máximas: armonización entre territorios y medidas de concienciación para ganar usuarios futuros”.
