El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Esta norma refuerza las iniciativas implementadas en el plan de medidas excepcionales acordadas el jueves pasado. Pedro Sánchez ha insistido en que es “la mayor movilización de recursos económicos de la historia de la democracia.”
Los puntos clave de las ayudas serán las familias vulnerables (600 millones), la protección del empleo, la liquidez de las empresas y la búsqueda de una vacuna (30 millones).
Protección del empleo
Los trabajadores asalariados podrán adaptar o reducir su jornada de trabajo para atender las necesidades de conciliación derivadas de esta crisis. Asimismo, se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad, cuando las circunstancias lo permitan.
Los ajustes temporales de plantilla se gestionarán a través de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES), que beneficiarán a todos los trabajadores que tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido.
Además, se flexibiliza el acceso al cese de actividad para los autónomos, que será compatible con la exoneración de pagos a la Seguridad Social. Este colectivo tendrá facilidades para que pueda cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
"Queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el Gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal", decía el Presidente.
Liquidez a las empresas
El Gobierno ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si también se incorpora el sector privado.
Asimismo, se han acordado avales adicionales de 2.000 millones de euros para empresas exportadoras, se facilitará la restructuración de créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía y se acelerará la implantación de programas de apoyo a la digitalización. Las Administraciones Públicas ayudarán a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. El Ejecutivo también ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones.
