“Con motivo de ahondar en el contexto actual y futuro que espera al sector del transporte terrestre de viajeros, ANETRA (Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares), FEBT (Federación Empresarial Balear de Transporte), FEDINTRA (Federación Independiente de Transportistas de Andalucía) y DIREBÚS han compartido un encuentro que se ha extendido, por la criticidad de la situación, durante más de dos horas, en el que de forma unívoca se han puesto sobre la mesa los principales problemas que comparten las más de 3.000 PYMES que conforman este colectivo, especialmente dañado, en los segmentos de discrecional, turístico y regular de uso especial-escolar.
Habiendo transcurrido cerca de seis meses desde la declaración del estado de alarma, con el consiguiente parón total de la actividad de las empresas del sector del transporte terrestre de viajeros, seguido de una temporada turística marcada por los rebrotes y las cuarentenas impuestas por la mayoría de los países del espacio Schengen, así como la incierta durabilidad de la vuelta a las aulas, si es que se produce en la totalidad de las comunidades autónomas, las patronales, en representación del tejido empresarial han coincidido en la necesidad de establecer un espacio común de diálogo y debate que ayude a avanzar en la resolución de las numerosas propuestas que hasta ahora se han remitido a los diferentes órganos administrativos y políticos, y que hasta el momento carecen de repuesta.
Las medidas que, de forma conjunta, se ha acorado solicitar al Gobierno Central, son la única fórmula para evitar la única salida que, a día de hoy, tienen cientos de empresas del transporte terrestre de viajeros, la presentación voluntaria del concurso de acreedores, con la consiguiente pérdida social y económica que ello supondría para el país.
Las medidas quedan resumidas en:
1) Alargamiento de los ERTES hasta abril de 2021, fecha en la que, según los últimos indicadores económicos y sanitarios, se estima pueda volver de forma lenta y progresiva a recuperarse la actividad del transporte de viajeros, ligado de forma inequívoca, a la activación del sector turístico, en todas sus modalidades.
2) Ampliación a 18 meses de las moratorias (de rentings, leasings o cualquier otra fórmula de financiación de compra de vehículos dedicados a la actividad)
3) Ampliación del período de carencia de los créditos ICO, así como la amortización del capital solicitado, como respuesta a la inexistencia de ingresos para los próximos 12 meses y la lenta y muy progresiva recuperación de la actividad de este sector.
4) Derogación de forma permanente del RD 443/2001 en el que se limita la edad escolar de los vehículos a 16 años, ampliando hasta los 18 años la utilidad escolar, equiparando así a la península a otras comunidades autónomas del país, como son Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Y acercándonos en esta materia a países de la UE como son Francia y Alemania, entre otros.
5) La presencia de los segmentos del transporte discrecional y turístico en el plan presupuestario de recuperación que se presente a la Unión Europea, para que con ayudas directas venga a rescatar el maltrecho sector de transporte terrestre de viajeros, atendiendo al papel estratégico que juegan los autocares, en los segmentos de discrecional y turístico, en la principal industria del país.
El conjunto de las patronales de ámbito nacional o regional, en un ambiente de absoluta preocupación, ha coincidido en la necesidad de obtener respuestas de forma urgente por parte de los diferentes Ministerios implicados a las distintas propuestas que se han configurado y consensuado como imprescindibles, para asegurar la supervivencia del mayor número de empresas posible, habiendo sido remitidas algunas de estas propuestas a la Administración competente hace meses por varias de las asociaciones que han participado en el encuentro, sin que a día de hoy hayan sido concedidas o si se han concedido, como es el caso de la moratoria de cuotas de financiación por compra de vehículos, lo haya sido de manera insuficiente (6 meses de moratoria, frente a los 12 inicialmente solicitados por parte de las patronales).
