Asistieron, la entonces todavía Directora General de Transporte Terrestre del MITMA, Mercedes Gómez Álvarez (Jaime Moreno García-Cano es desde el 16 de febrero nuevo Director General de Transporte Terrestre), el Subdirector Benito Bermejo, el Presidente de la Sección, Rafael Barbadillo, el Presidente de Anetra, Luis Ángel Pedrero, Jaime
Rodríguez Medal, Director de Confebús, Juan Manuel Sierra Sidera, Director de Anetra y Félix Álvarez-Arenas, Secretario del Departamento.
En su comunicado oficial, el CNTC indica que Rafael Barbadillo expuso la situación general, señalando que que no sólo no ha cambiado desde la reunión anterior celebrada a finales del pasado año sino que ha empeorado debido la continuidad de la falta de actividad, como indican los datos del INE: el transporte discrecional ha caído el 85% y el transporte regular el 73%. Para paliar este problema señalaba el Presidente de la Sección, que son cada vez más necesarias ayudas directas porque las empresas del sector volverán a ser viables cuando vuelva la actividad. Se trata pues, de sobrevivir hasta entonces. También afirma que es necesaria la ampliación de la moratoria de los leasings y préstamos, porque no se puede exigir su pago cuando no se factura por falta de actividad, y la inclusión en el fondo autonómico de aquellos que no están contemplados en el mismo.
Por otro lado, se señala en el comunicado que Luis Ángel Pedrero ratificó las manifestaciones del Presidente y recalcó que no se está percibiendo por parte de la Administración la gravedad del asunto. Afirmaba que las empresas han seguido soportando impuestos y gastos sin apenas facturación para hacerles frente y la situación sería gravísima en el momento en que falle alguna de las ayudas indirectas existentes, como el ERTE si se dejase de extender o la moratoria si no se ampliase, puesto que hasta 2022 la actividad económica no va a recuperar una cierta normalidad y sería imposible aguantar hasta esas fechas. Insistió en lo ya dicho por el Presidente sobre la necesidad de proporcionar ayudas directas.
Según el comunicado de CNTC, Mercedes Gómez manifestó que el fondo autonómico para este año es similar al del año pasado, que no es una financiación del transporte sino de las haciendas a las CCAA, y no se sabe de qué manera va a plantearse esperándose que se vaya tomando decisiones más adelante. Reconoció ser consciente de que este año también va a haber un déficit en el transporte regular y las CCAA han recibido en diciembre la parte de financiación que se articuló el año pasado, que son los fondos que están utilizando sin que pueda dar información de cómo va a enfocar Hacienda la continuidad de esta financiación autonómica.
En esta cuestión, el Presidente indicó tras el fondo autonómico que se ha recibido en Diciembre para compensar el déficit generado en 2020, ahora se empieza a generar un nuevo déficit que requerirá compensación por medio de la creación de un fondo similar para 2021.
Sobre las posibles ayudas directas para el sector, afirmo que tiene claro que cualquier ayuda directa para el turismo debe incluir al transporte discrecional. En cuanto a nuevas moratorias, recordó que es una cuestión sometida a las decisiones de la Autoridad Bancaria Europea y las actuales son acumulables hasta nueve meses pero sobre el mismo préstamo sin que vea posible que se amplíen a doce meses.
Incidencias con las moratorias
El Presidente destacó que en la cuestión de las moratorias la dificultad principal la están planteando las entidades bancarias, que se amparan en la falta de instrucciones de las centrales, buscan otras excusas e incluso exigen la compra de otros productos para avanzar en las moratorias.
La Directora manifestó que los bancos no tienen excusa alguna y que en caso de que existan problemas específicos con alguno se ponga en su conocimiento por escrito detallado para trasladar la queja al Director General del Tesoro.
Sobre la antigüedad de los autocares escolares
También comentó el Presidente la cuestión de la antigüedad de los vehículos de transporte escolar, cuestión en la que considera que se hace cada vez más necesario conceder una ampliación aunque sea temporal teniendo en cuenta además el agravio que supone la ampliación dada al transporte regular.
La Directora manifestó ser consciente de esta última cuestión y tomó nota reconociendo lo razonable de la petición.
Las asociaciones como intermediarias en el Plan de Recuperación y Digitalización
La Directora evocó después el Plan de Recuperación y Digitalización y comentó que en el ámbito del transporte de viajeros, las cuestiones de digitalización son múltiples pero tiene la sensación de que si las empresa grandes tienen claro qué proyectos relacionados con la digitalización les interesan, en las pequeñas quizás no tengan tan claro qué cuestiones de digitalización les pueden convenir y para qué cuestiones podrían solicitar las ayudas del Plan, lo que le lleva a pensar que las asociaciones podrían jugar un papel importante identificando qué cuestiones de digitalización podrían resultar provechoso para las empresas que no tuvieran facilidad para determinarlo ellas mismas.
El Presidente preguntó si las asociaciones tendrían en esa actividad un papel reconocido y la Directora afirmó que sería una cuestión a estudiar. El Presidente se mostró de acuerdo en poder realizar el papel de entidad intermedia y mostró cierta preocupación por las noticias que se están conociendo acerca del papel que la banca estaría intentado obtener en esta cuestión jugando con la financiación y los fondos.
Luis Angel Pedrero también se manifestó a favor de considerar estas cuestiones a favor de las empresas. La Directora también consideró que sería posible financiar el asesoramiento a las empresas con fondos europeos dentro de la implantación de la medida, cuestión que deberá estudiarse con detalle.
La polémica revisión de las ITV
Por último, el Sector ha mostrado su disconformidad con la regulación recientemente aprobada del aplazamiento de las revisiones de las ITVs que a su juicio es compleja e injusta en ocasiones cuando entienden que lo más correcto hubiera sido reanudar los plazos de validez de las inspecciones en el mismo punto en que se encontraban al suspenderse su cómputo con la creación del estado de alarma.
