La ministra ha recordado que los datos avalan que la urgencia en nuestro país es mayor que en los de nuestro entorno porque en España, según los datos que ha ofrecido, el 27,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden del transporte, cinco puntos más que la media europea. A su vez, concentra el 40% del consumo de energía final, casi nueve puntos más que el promedio de la Unión Europea. También ha indicado que es en las ciudades donde se produce aproximadamente el 70% de estas emisiones y la circulación urbana es el origen del 40% del CO2 que lanzamos a la atmósfera. De ahí la importancia de priorizar “un transporte público libre de emisiones, que es el que concentra el 60% de todos los viajes urbanos”, ha subrayado la responsable del Departamento.
Ha aprovechado para recordar que “los más de dos millones de abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia que Renfe ha expedido en solo dos meses demuestran el éxito de esta medida”. Una medida que se mantendrá a lo largo de 2023, lo que implicará un coste de 660 millones de euros que ya está recogido en el proyecto de Presupuestos del año que viene.
Raquel Sánchez ha puesto de manifiesto que las políticas de su Ministerio y del Gobierno persiguen luchar contra el cambio climático. De ahí que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) tenga dos grandes objetivos ambientales: contribuir a reducir un 35% en tráfico en zonas de bajas emisiones y a alcanzar la cuota del 10% en el transporte de mercancías por ferrocarril en el horizonte de 2030. Ambos compromisos, según la titular de Transportes, tiene su respaldo en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 del Ministerio, que recogen una inversión de 13.000 millones de euros en movilidad sostenible, de los que cerca de 8.000 millones se dirigen al ferrocarril, tanto para completar y mantener la red de alta velocidad, como para mejorar la red convencional y las Cercanías.
El otro gran pilar de esta política, directamente vinculada con Mitma, es la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada con la que “pretendemos convertir a nuestro país en un referente mundial de la movilidad sostenible”, ha dicho la ministra, y con la que se estima “la creación en el medio plazo de 180.000 puestos de trabajo altamente cualificados y a una aportación al Producto Interior Bruto del entorno de los 20.000 millones de euros”.
La Ley de Movilidad regulará soluciones innovadoras, como el transporte a la demanda, los coches compartidos o el uso temporal de vehículos. También establecerá una regulación básica del vehículo autónomo (drones, vehículos aéreos no tripulados, vehículos automatizados por carretera y trenes y barcos autónomos). Asimismo, fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos, procedentes tanto de operadores públicos como privados, lo que aumentará la competitividad y la eficiencia y abrirá nuevas oportunidades de negocio a empresas emergentes.
En cuanto a la financiación del mantenimiento de las autopistas y el conocido como pago por uso, Raquel Sánchez ha asegurado que “el Gobierno no tiene intención de implantarlo sin contar con el consenso del sector, aunque ha recordado que los principios de “el que usa, paga” y “el que contamina paga”, están planteados hace muchos años en Europa”.
Por último, en referencia al mapa concesional del transporte regular de viajeros por carretera, la ministra ha asegurado que pretende atender la demanda de viajeros entre Comunidades Autónomas, que son de competencia de la Administración central, conectando de manera más directa los principales núcleos de población, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la oferta disponible.
Durante su intervención en el Observatorio de la Movilidad, la ministra se ha centrado en la contribución del Estado a la financiación del sistema de transporte público urbano, que también será uno de los aspectos que regule la futura ley, en condiciones homogéneas para todo el territorio. Para ello, ha informado, se creará el Fondo Estatal para el sostenimiento de la Movilidad sostenible, que será gestionado por el Ministerio, que arbitrará tanto las subvenciones de los costes operativos del servicio como aquellas para inversiones verdes y sostenibles.
En este marco, la titular de Mitma también ha hecho hincapié en que se incluirán reglas claras para la prestación de servicios sostenidos con fondos públicos, exigiendo informes previos a la concesión de ayudas o a la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) en los que habrá justificar su necesidad, las alternativas con otros modos de transporte, la demanda estimada, el coste y las externalidades. Dichas concesiones, además, permitirán la cofinanciación de las Comunidades Autónomas u otras entidades.
