“No es la primera vez (ni será la última) que la patronal de las empresas constructora de infraestructuras viarias solicita que “el que use la infraestructura, que la pague para poder mantenerla”. Llevamos años en el que así se reclama, y llevamos años en el que el sector del transporte por carretera se pone en contra, por una serie de argumentos que volveremos a poner encima de la mesa.
En esta ocasión, con motivo de la próxima convocatoria electoral a la Presidencia del Gobierno de España, el presidente de SEOPAN ha advertido que el pago por uso en las autovías estatales tiene que estar implantado en dos años (julio de 2025), y ha señalado que es un "compromiso vinculante" que tiene España con la Comisión Europea que "hay que cumplir", por lo que se reclama “retomar la tramitación del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que contempla este pago por uso de las autovías españolas”.
Desde DIREBUS ESPAÑA, recordamos tanto a SEOPAN como a los candidatos a la próxima Presidencia del Gobierno de España los siguientes argumentos que justifican que no se implante en España la tasa por el uso de la infraestructura:
- Las empresas de transporte españolas ya realizan una aportación suficiente para un adecuado mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, a través de los distintos costos impositivos relacionados con su actividad económica. Los ingresos públicos que aportan las compañías en nuestro país respecto al total recaudado por el tesoro público alcanzan el 32,5%, mientras que la media de la eurozona es del 23,9%, unos 12.000 millones cada año, la mayor parte procedente del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos.
- Tradicionalmente hay una partida suficiente recogida en los Presupuestos Generales del Estado anuales destinadas al mantenimiento de la Red.
- Los cánones de alquiler de las áreas de servicio sitas en la Red son propios del MITMA, por lo que los mismos deben destinarse en todo o en parte para financiar el mantenimiento de las infraestructuras viarias existentes.
- Tras más de dos años de crisis económica que ha afectado a la viabilidad financiera de las microempresas y PYMES que conforman mayoritariamente el sector del transporte de viajeros por carretera en España, el sector no está maduro como para sufrir una nueva tarificación impositiva mientras no recupere pulso sobre sus actuales frágiles tesorerías, las cuales tienen que hacer frente a la devolución de los préstamos ICO firmados para sobrevivir con motivo de la pandemia sanitaria.
Estos argumentos justificados fueron trasladados en su momento tanto a la Direccion General de Transporte Terrestre del MITMA como a los distintos Grupos Parlamentarios durante la fase de borrador de la futura Ley de Movilidad Sostenible, y así fue presentado el año pasado por DIREBUS ESPAÑA en fase de alegaciones al articulado del Anteproyecto de Ley.
Ya como Proyecto en fase parlamentaria, la por entonces Disposición Adicional nº 13ª sobre mecanismo de financiación para asegurar el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, ya no existe sobre el texto del Proyecto, por lo que no se puede ni se debe decir que se apruebe el Proyecto de Ley con dicha Disposición Adicional porque ya no existe, ya que los Grupos Parlamentarios advirtieron que no es el momento de gravar a quienes no paran de llevar a cabo de servicios de transporte, cuantos más mejor, para poder subsistir.
Por lo tanto, el mecanismo de financiación que procure basarse en un sistema de pago por uso en España ha de estar siempre amparado en un amplio consenso social y político, han de ajustarse a las circunstancias económicas concurrentes, y actualmente ni hay consenso ni hay musculo financiero de las PYMES del sector por asumir tasa alguna.”
