Según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, entre 2005 y 2017, las empresas de transporte de viajeros por carretera de las Islas Baleares acordaban quién se presentaría a cada concurso y la oferta económica con la que asistirían a esas convocatorias, dejando tan sólo a una empresa optar por cada ruta al no acudir el resto al concurso correspondiente y que, por lo tanto, resultara la ganadora del servicio.
La CNMC denominó esta supuesta práctica el “cartel” del transporte y sancionó por ello a 36 empresas que recurrieron ante los tribunales y consiguieron la nulidad de las multas. La Audiencia Nacional dijo que el “cartel” no existía.
Ahora el caso se reabre por orden de la Abogacía del Estado y pasa al Tribunal Supremo, que a dado luz verde a la rectificación de la primera sentencia y pone en marcha la investigación de nuevo.