La reunión, celebrada el 11 de marzo, tuvo lugar en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Segovia, y a la misma asistieron, acompañando a la consejera, el delegado territorial, José Luis Sanz Merino; el director general de Carreteras, Jesús Puerta; y la jefa del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, Natalia Flórez.
“Nos encontramos con que el Gobierno de Pedro Sánchez está concediendo a distintas comunidades autónomas una serie de bonificaciones a los peajes y, sin embargo, en Castilla y León no podemos disfrutar de las mismas condiciones”, aseguró Andrés Ortega, presidente de FES. Es el caso, por ejemplo, de la AP-9, para la que el Gobierno ha reservado 2.300 millones de euros.
“Además, tanto la Federación Empresarial Segoviana como ASETRA hemos manifestado nuestra preocupación por la no conclusión del peaje en 2029 debido a la sentencia de la Unión Europea, que concluyó que España había incumplido las obligaciones de publicidad de la directiva europea en el proceso de contratación de las obras adicionales acometidas en la infraestructura. La Comisión Europea aceptó que las autoridades españolas adoptaran varias medidas para dar cumplimiento a esa sentencia, entre ellas acortar el periodo de concesión en siete años y volver a licitar la concesión, lo que supondría no hablar de supresión del peaje hasta 2036.
Por otro lado, se ha solicitado una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, con el fin de buscar una solución al coste de los peajes de la AP-6 y sus ramales de conexión AP-61 y AP-51; algo que supondría, en consecuencia, el alivio del paso de tráfico pesado por la Travesía de San Rafael”, indicaron desde las asociaciones.
