Miguel Ruiz expuso ante los portavoces de los diferentes grupos políticos la necesidad una Ley de Financiación del sector, que representa un coste de 2.500 millones de euros anuales, la mitad de los cuales proviene de las subvenciones de las diferentes administraciones públicas, y que mueve al año más de 3.000 millones de viajeros. Es urgente que “España deje de ser el único país europeo que carece de un modelo de financiación para un sector tan estratégico como el que representamos”, dijo Ruiz.
La propuesta de ATUC, que fue unánimemente acogida por los grupos políticos que integran la Comisión, supone la aprobación de una ley estatal de financiación que permita la homogeneización de todas las comunidades autónomas; modelice de manera estable el sistema de movilidad colectiva urbana; establezca contratos programa para las ciudades de más de 500.000 habitantes; implique a comunidades autónomas y ayuntamientos para la estabilidad de la gestión en el resto de ciudades y, finalmente, que garantice la exclusión del debate político a la política tarifaria. El sector cree necesario que la futura ley le dote de estabilidad para su gestión mediante un marco global con un horizonte de al menos ocho años, con revisiones cuatrienales.
En 2014 la financiación por las diversas administraciones supuso un desembolso
de 286 millones de euros, de los que Madrid recibió 126 millones, Barcelona 94 y
Canarias 25, dejando menos de 50 para distribuir entre el resto de ciudades de
más de 50.000 habitantes, que están obligadas por ley a ofrecer servicio de
transporte urbano colectivo.
