La delegada de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid, Inés Sabanés, junto con la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Mercedes Vidal, se han reunido en la capital catalana para reclamar al Gobierno central una ley de financiación del transporte urbano.
Un buen sistema de transporte público, que es cuatro veces más económico que el privado, significa una movilidad urbana más eficiente y un mayor y mejor desarrollo económico en las ciudades. Asimismo, es el garante de la equidad social, ya que es el único medio que asegura el derecho a desplazarse libremente y en igualdad de condiciones, independientemente de las circunstancias del usuario.
Inés Sabanés ha afirmado que “el marco local no puede sostener en solitario una tarea de esta magnitud en el tiempo y con carácter permanente e universal”.
Mercedes Vidal ha asegurado que desde las corporaciones locales “se está haciendo un gran esfuerzo para financiar el transporte público que no se ve correspondido por una implicación suficiente del Estado”. “Necesitamos un marco de financiación estable, perfectamente regulado y que no esté sometido a variaciones drásticas”.
España es el único país europeo que no cuenta con una ley estatal de financiación del transporte público. El Estado aporta una cantidad económica mediante los Presupuestos Generales del Estado a los municipios de más de cincuenta mil habitantes, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, y de manera más específica a Madrid, Barcelona y Canarias.
Según ambos ayuntamientos, Actualmente, la aportación central al transporte público de Madrid se sitúa en el 10%, mientras que la de Barcelona ronda el 16% de las aportaciones totales, una media claramente inferior a la europea, que en algunos casos llega al 40%. En los últimos años la situación se ha agravado, al no disponer de una ley específica de transporte público, los recortes en la aportación estatal han llegado a ser 31% en Madrid y el 25% en Barcelona, siendo del 28% para el conjunto del resto de las ciudades. Esto, sumado al mantenimiento de las tarifas, ha supuesto un mayor esfuerzo adicional por parte de las administraciones locales y los consumidores.
