El ministro ha tenido oportunidad de solicitar un criterio común para el conjunto de la Unión en aspectos como el establecimiento de una representación en el país o descanso de los conductores. Entiende que no puede mantenerse una situación en la que los Estados miembros establezcan unilateralmente normas, como las mencionadas, que se convierten en cargas administrativas adicionales para las empresas establecidas en otros países y que, en definitiva, suponen una clara restricción a la libre prestación de servicios.
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