El pasado 3 de febrero, ATUC y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) organizaron una jornada sobre financiación del transporte público urbano colectivo en España.
España carece de la Ley de Financiación estatal que ATUC reclama desde hace años al Gobierno, siendo la excepción en Europa.
“El modelo está desfasado y obsoleto” en palabras del presidente de ATUC, Miguel Ruiz. En la joranda se indicó que el sistema actual de financiación no tiene en cuenta el gran desarrollo que han tenido los transportes urbanos en España en los últimos 20 años y que el Estado no involucra a las Comunidades Autónomas, que a pesar de tener competencias en la materia no aportan fondos.
Por todo ello, se concluyó en la jornada que los transportes urbanos españoles necesitan urgentemente un modelo de financiación realista que cubra los costes de explotación y que subsane las diferencias entre éstos y la tarifa recaudadas con una subvención estable a medio y largo plazo.
Entre las propuestas se apuesta por la incorporación de Autonomías y Ayuntamientos en el nuevo modelo de financiación, tomar ideas de otros países que sí tienen ley sobre la materia como Alemania, Francia o Italia y que pueden ser interesantes desde el punto de vista de la experiencia.
Una financiación más justa
Para ATUC, cuanto más grande es un municipio, más complejo es atender las necesidades de movilidad de sus ciudadanos. Para estos casos, el transporte público se financia mediante un contrato programa, como el que tiene Madrid y Barcelona (y Canarias), que cuentan con varios medios de transporte alternativos (autobús, metro y tranvía) que hacen más costosa la financiación del sistema. Sin embargo, para la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC), este mismo mecanismo debería utilizarse para financiar el transporte urbano en las ciudades con más de 500.000 habitantes entre las que se encuentran Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza.
Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “a día de hoy, salvo los contratos programa que tiene el Estado con las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, y con Canarias, no existe una norma común que dote de previsión y estabilidad la gestión del transporte urbano colectivo. Es necesario por tanto fijar un sistema de financiación claro, entendible y unificado, y que permita conocer las aportaciones a medio y largo plazo a cada municipio”.
