La asociación ATUC Movilidad Sostenible y la Federación Española de Municipios y Provincias, han organizado la jornada “El impacto de la Ley de Movilidad Sostenible en el transporte público. El futuro de su financiación”. Previamente, ATUC encargó el informe “El transporte público en 2030: necesidades de inversión y financiación”, a Analistas Financieros Internacionales (AFI). Este documento, cuyas conclusiones se ha explicado en la jornada, traza las líneas fundamentales de un sistema al que se le exige cada vez más en términos de volumen de pasajeros y transformación tecnológica hacia las cero emisiones.

ATUC, gran impulsor de la Ley de Movilidad Sostenible
Miguel Ruiz, Presidente de Atuc Movilidad Sostenible, abrió el encuentro hablando sobre el Título 4 de la Ley de Movilidad Sostenible, que trata la financiación del transporte urbano y metropolitano. Afirmaba que “aunque el Ministerio no tenga competencias directas en el transporte urbano, todos los estados europeos apoyan al transporte público porque les interesa que funcione por su efecto en la economía del país, por eso se implican en su financiación.” Recordaba, además, que “ATUC ha impulsado la Ley, redactando incluso un borrador, y fue una de las actividades más intensa de la asociación.” Ahora, para desarrollar el Título 4, ATUC trabaja ya, junto a CONFEBUS y el apoyo del consultor Alberto Dorrego, en otro borrador para el Reglamento que aporte la visión de los operadores.

Un nuevo modelo de financiación
Ignacio Gragera, Presidente de la Comisión de Transporte, Movilidad e Infraestructuras de la FEMP y Alcalde de Badajoz, indicaba en su introducción de la jornada que esta ley supone “un cambio de modelo” y que “aunque no es competencia del Estado, el transporte público es una de las patas importantes para lograr sus objetivos.” Con la nueva financiación podrá darse “mejor servicio, más cohesionador y que llegue a cuantos más ciudadanos, mejor.”
El impacto de la Ley de Movilidad Sostenible en el transporte público
Lucía Martínez Riveiro, Directora general de Estrategias de Movilidad Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, señaló que el Gobierno sabe que el transporte público es una pieza clave para ejercer el derecho a la movilidad y por ello, “se pasa de un modelo centrado en las infraestructuras a uno centrado en las personas”, con un transporte público “para todos, accesible y cohesionador”. En el mundo rural, decía, el coche sigue siendo el modo de transporte indispensable y desde el Ministerio trabajan para que esa población también tenga acceso al transporte público. “La movilidad no es solo un servicio, es un derecho”. Y para ello indicaba que es necesario un transporte público potente, bien conectado, accesible y asequible.”
Fondos de ayuda al transporte público
Explicó que los fondos FECMO van a financiar el sistema de transporte público y que tienen un gran potencial transformador con más de 36 millones de euros. En cuanto a la dotación de más de 9 millones de euros del Plan Social para el Clima, 4.400 millones se destinarán al transporte y de ellos, 965 millones para un transporte público más accesible y asequible y 700 millones para transporte a la demanda y compartida en el ámbito rural. Se hará hincapié en “la intermodalidad, que será clave para reducir la dependencia del coche privado.”

Abono Único
El Abono Único es uno de los proyectos estrella del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. A él se pueden seguir sumando operadores y autoridades de transporte porque cuanto más amplio sea, mejor será esta herramienta. Ya se han registrado 44.500 abonos, en gran parte de menores de 26 años, lo que supone que las nuevas generaciones se acercan al transporte público en lugar de al coche privado. El transporte público “es una herramienta de cohesión social e igualdad de oportunidades.”
Foro Territorial
También ha hablado sobre la creación del Fondo Territorial de Movilidad Sostenible, que será el máximo órgano de gobernanza. Hoy, precisamente, se cierra plazo de consulta pública, para quien quiera realizar aportaciones.
Una herramienta esencial para ese Foro es la Estrategia del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), una platafora digital pública que consolida un sistema colaborativo para todos los agentes de la movilidad que compartan datos. Dicha estrategia fue presentada ayer.

Financiación del transporte público en el contexto actual
Ricardo Pedraz Consultor de Afi, se centró en las 3 principales obligaciones que pesan sobre el transporte público urbano: la directiva ETS2, la directiva de los vehículos limpios y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Cada una tendrá un impacto diferente sobre la financiación del sector y habrá que hacer seguimiento de ellas para que los operadores y las autoridades del transporte y administraciones puedan identificar su influencia en los costes.
Entre los datos que aportaba, Pedraz destacaba el crecimiento marcado como objerivo hasta 2030, que requiere el aumento de un 36% de viajeros de autobús. Se estima un crecimiento del 44% por el aumento de población y de turistas. Eso, a su juicio, supondrá “una gran presión” y la necesidad de comprar nuevos vehículos y aumentar frecuencias y líneas, lo que supondrá un incremento de gastos operativos y mayores inversiones en vehículos eléctricos. El sistema requiere más de 12.000 millones de euros anules hasta 20230: 8.800 millones de euros anuales para absorber el mayor incremento del servicio y otros 3.300 millones en inversiones para sustituir la flota e instalar infraestructuras de carga.
Actualmente, se registran 4.800 millones de viajes al año. Sólo el 13% de los autobuses urbano son eléctricos y el 18% híbridos que no cumplen con la directiva de vehículos limpios.
Ante esta situación y la presión de la regulación, señalaba que los fondos no van a ser suficiente y que “cuanto más previsible sea el modelo, más estable será el sector.”
El sistema requiere un mayor peso del Estado en la financiación
Actualmente, el Estado central financia sólo el 5%, pero es necesario aumentar esa proporción hasta el 25%. La clave aquí es el llamado Fondo Estatal de Contribución para la Movilidad Sostenible (FECMO), previsto en la Ley de Movilidad Sostenible, que establece un límite del 50% para la cobertura estatal. Para ATUC bastaría con un 25% para que el Estado asuma el peso que requiere una infraestructura tan crítica; de este modo, el reparto sería más equilibrado con los ayuntamientos y autonomías que financiarían el espacio restante entre lo que aporta la Administración Central y los ingresos por billetes, que hoy representan el 37%.
Inversiones para una flota de cero emisiones
Para financiar la electrificación de las flotas, ATUC apunta como clave la puesta en marcha del ETS2, el sistema de comercio de emisiones que pondrá precio al CO2 de transporte y vivienda, cuya entrada en vigor se ha pospuesto un año hasta enero de 2028 y que afecta a toda la UE. El ETS2 cuenta con un escenario de recaudación optimista y otro pesimista. El primero supone llegar a 483.000 millones de euros recaudados y el segundo quedarse en 255.000 millones en el conjunto comunitario. España tiene asignados el 10,52% de estos fondos. La propuesta de ATUC es que una tercera parte de la recaudación anual de este impuesto para España se destine a las inversiones que el sistema necesita, pues los ingresos deben destinarse a fines climáticos y sociales en línea con el PNIEC. En el escenario optimista de recaudación, si se produjera este reparto, permitiría una cobertura del 90% de las inversiones necesarias, 50% en el escenario pesimista.
Jesús Herrero, secretario general de ATUC:
En la presentación del Informe ayer: “la ventana 2026-2030 no es solo un horizonte de obligaciones normativas, sino la oportunidad para consolidar un modelo de movilidad másóptimo para nuestras ciudades, de ahí que se requiera de una financiación estable, coherente y previsible, lo que constituye una demanda histórica del sector. El paso ahora es definir una arquitectura financiera y activar los distintos instrumentos de los que puede disponer el transporte público, que es crítico como servicio público y para hacer realidad los objetivos de transición ecológica”.
Mesa redonda: Construyendo el futuro del transporte público
La jornada se cerró con una mesa redonda, moderada por Víctor de Elena, periodista de El Economista, donde se habló de demanda e innovación y la financiación que requieren.
Ricardo Pedraz, Consultor de Afi, comenzó la tertulia con datos de aumento de la demanda, en las que mucho han tenido que ver las ayudas del Gobierno al uso del transporte público.
Roberto Riol Martínez, Jefe del Centro de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Valladolid, explicó los cambios realizados en movilidad en su ciudad, donde ha aumentado el uso del transporte público un 20% cada año. La flota de AUVASA tiene 155 buses vehículos y solo 17 son de propulsión fósil.
Alberto Redondo García, Técnico del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, señalaba que aunque las tecnologías son muy necesarias para aptar y fidelizar a los usuarios más jóvenes, existe una brecha digital con la población mayor y hay que cuidar y no olvidar precisamente a este colectivo que necesita el transporte público.
Alberto Alonso Poza, Director Financiero y de Estrategia de la EMT de Madrid, recordaba que el aumento anual de 120.000 personas en el área metropolitana de la capital supone un gran crecimiento en la flota pero para ello se necesitan instalaciones que no existen. Advertía sobre el posible colapso del sistema y afirmaba “vamos a morir de éxito.”
En los próximos 5 años
Finalizaron resumiendo cómo verán en 5 años la movilidad. Pedraz piensa que ya no estaremos hablando de financiación como tema principal sino de cuestiones como la última milla o la diversificación. Por su parte, el representante de EMT Madrid señaló que será una movilidad más conectada, con robotaxis y autobuses autónomos y con una gran planificación debido a los cambios demográficos en las grandes áreas urbanas. Tanto el representante de Valladolid como el de Fuenlabrada indicaban la importancia que tendrá la modificación del reparto modal verdadero hasta alcanzar el 85% de la movilidad en transporte público sostenible.
